Cuenta la historia que Nerón, uno de los emperadores romanos
más conocidos por su crueldad y locura, vivía obsesionado con una mujer llamada
Actea, esclava liberta y una de las prostitutas más conocidas en su época, la
madre de Nerón, Agripina detestaba esta relación pues no veía con buenos ojos
que su hijo se relacione con una inferior, lo cual hizo surgir en el emperador
la idea de deshacerse de su madre.
Un día, ordenó a unos constructores a modificar el techo del
dormitorio de su madre colocando pesadas planchas de plomo, las cuales caerían accionando
una palanca, matando así a su madre, pero la víctima, herida levemente escapó a
una de sus villas.
Sumido en un profundo rencor, Nerón planeo otro “accidente”,
trucó un barco en el que sabía que su madre viajaría a la ciudad de Nápoles
donde se realizarían fiestas en honor a Minerva, y aunque el barco se partió en
dos, su madre que era una gran nadadora pudo ponerse a salvo nadando hasta la
costa.
Nerón en su locura veía a su madre burlarse de él por sus
fallidos intentos de matarla, entonces ordenó matarla directamente, por lo cual
hizo que uno de sus allegados hundiera una espada en el vientre de su
progenitora.
Es claro que en esas épocas el emperador no rendía cuentas a
nadie por las decisiones que tomaba ni por qué las tomaba, afortunadamente para
nosotros con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones jurídicas
que protegían a los ciudadanos de las decisiones de los juzgadores. Evitando así
el abuso del poder por parte de quienes tienen el poder de administrar
justicia.
Una de estas instituciones la conocemos como el Derecho a la
motivación debida motivación, la que además de norma, es una garantía procesal,
que exige a todo juez o instructor de un expediente a expresar de manera
escrita y en forma razonada, motivada y congruente los motivos o razones que lo
llevaron a tomar una decisión sobre algún caso sometido a su potestad. Para que
de esta forma la administración de justicia se haga con sujeción a ley, además
de facilitar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa.
Entonces, parece una buena idea que en estos tiempos de corrupción
en el que la justicia se “vende” por culpa de malos magistrados (aunque también
los hay buenos), se presente la iniciativa de ley N° 5247/2015-CR, que propone
que en casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, los jueces
que ordenen su archivamiento deban publicar su sentencia en el plazo de 15 días
a su superior jerárquico para su posterior difusión.
Además esta iniciativa propone que tanto la Corte Suprema de
Justicia como la Fiscalía de la Nación digitalicen dichas resoluciones para
ponerlas al alcance de los abogados, universidades y la ciudadanía en general.
Pero ahí no queda todo, porque casi a la vez se presentó el
proyecto de ley N° 5213/2015, que plantea que se publique en el diario oficial
El Peruano todas las resoluciones absolutorias que hayan favorecido a
implicados en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y crimen
organizado.
Ya me imagino a Nerón dando cuentas al senado de sus locuras
(claro que conociéndolo seguramente después volvería a sus andanzas).
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